Por José Granados Fernández

Twitter @JoseGranadosF

La tormenta social del Sisbén 4 aún no termina: en Barranquilla, Planeación Nacional mantiene por fuera del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales a 32.000 personas que, de manera abrupta, fueron “bloqueadas y salieron” del régimen de salud subsidiado, no tienen derecho a tratamientos médicos y les suspendieron la entrega de medicamentos.

Desde finales de 2022 hasta la fecha la Personería Distrital ha recibido 2.050 quejas de quienes perdieron esos derechos como resultado de la inesperada mezcla de tecnicismo y actuar delictivo. Por un lado, operó la nueva metodología que el Gobierno Nacional aplicó en la recolección de datos de la cuarta versión del Sisbén y, por el otro, intervinieron los tramitadores que suministraron información falsa o errada de las familias que hoy están por fuera de los programas sociales gubernamentales.

Con la ayuda de la Personería, Gabriel Guzmán, habitante del populoso barrio Carrizal al sur de Barranquilla, lucha por su vida. Como trasplantado renal debe seguir un tratamiento permanente, por lo que al quedar sin empleo echó mano a la calificación del Sisbén de su familia, pero se enteraron que los habían retirado de la base de datos.

La explicación de la familia Guzmán - Montes es que su ficha de caracterización socioeconómica fue usada sin su consentimiento por tramitadores, necesariamente encompinchados con funcionarios públicos, para inscribir a personas que eran de su núcleo familiar y tenían inconsistencias en su información y a ellos los bloquearon.

Daño similar le causaron a María Noris Rivas, una mujer mayor, desplazada de Buenaventura por la violencia, que vende plátanos y vive en un cuarto alquilado que paga por día. Inexplicablemente, le quitaron sus beneficios porque ahora figura con una calificación socioeconómica elevada, muy diferente a la pobreza en la que realmente vive.

Sobre la angustia de las familias afectadas, Wilson Llanos, coordinador de salud de la Personería, explica cuáles son las viscitudes.

En su página web, Planeación Nacional informa que el Sisbén es un sistema que “permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos”, datos que utilizan diferentes entidades del Estado “para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan”.

Como el objetivo es que el Estado ayude a quienes tengan menos recursos económicos, en el Sisbén 4 establecieron cuatro grupos: en el A y el B clasifican a la población con pobreza extrema y pobreza moderada, respectivamente. Estos son los grupos “más peleados y hasta exigidos”, pues las familias allí incluidas tienen derecho a ingresar a cualquiera de los 16 programas sociales existentes sin pagar un peso y reciben subsidios.

En el grupo C clasifican a la población vulnerable que recibe algún tipo de ayuda y en el D están los no pobres, los no vulnerables, que no recibe apoyo estatal.

En el caso de Barranquilla, hasta febrero, en el Sisbén 4 había 336.000 hogares clasificados, para un total de 827.838 personas (441.541 mujeres y 386.297 hombres). El mapa local elaborado por Planeación Distrital registra que la población de los grupos A y B (590.503 personas) vive en los corregimientos La Playa y Juan Mina; en barrios como Las Flores y Siape en el norte; La Luz, Rebolo y La Chinita en el suroriente. Las estadísticas señalan que la pobreza extrema y moderada cubre en su totalidad el suroccidente y la Localidad Metropolitana.

De acuerdo con Planeación Nacional, la cuarta versión del Sisbén “busca mejorar la calidad de la información que entra a la base de datos, evitar fallas y manipulación en la recolección”.

¿Cómo opera el sistema? Una vez las familias entregan su información, que llega directamente a Bogotá a través de dispositivos electrónicos, ésta es cruzada con 33 bases de datos estatales. Es decir, los datos entregados por las familias deben ser verdaderos. Por eso, cuando hay información errónea o fraudulenta, para tratar de obtener la calificación en los grupos A o B, el sistema bloquea la ficha familiar, explicó Diana Mantilla, secretaria de Planeación Distrital.

En el momento más complejo de esta crisis, Barranquilla tuvo 130.000 personas bloqueadas por inconsistencias en la información entregada.

Mantilla reveló que, por ejemplo, hubo 16.000 bloqueos por datos incongruentes de escolaridad (personas que en el Sisbén III dijeron que eran profesionales y ahora decían que eran técnicos o que no terminaron el bachillerato); otros 5.900 bloqueos se produjeron por familias que decían, de manera atípica, varios integrantes con algún tipo de discapacidad; a 2.000 familias las bloqueó Planeación Nacional porque respondieron que se les achicó la casa (antes habían reportado que su vivienda era de tres o más cuartos y ahora dijeron que sólo tenían un cuarto).

En las correcciones ya realizadas, la Alcaldía logró que Planeación desbloqueara a 89.000 personas al demostrar que, inexplicablemente, los dispositivos electrónicos registraron que las encuestas las habían hecho en Villavicencio o Ecuador y no en Barranquilla.

Otra dificultad sobreviniente del bloqueo es que las familias afectadas deben pedir una nueva encuesta y esperar que Bogotá la autorice, porque los datos recogidos a través de 77 preguntas deben ser cargados en dispositivos móviles enlazados con las coordenadas de las viviendas donde realizarán la visita.

El problema radica en que Planeación Nacional puede tardar hasta seis meses para autorizar la nueva encuesta, tiempo durante el cual las familias seguirán por fuera del Sisbén.

Al respecto, el personero distrital, Miguel Ángel Alzate, urge a Planeación Nacional que establezca una ruta “más expedita” para hacer las nuevas encuestas.

En busca de soluciones y debido a la tardanza de los desbloqueos, la Alcaldía de Barranquilla activó desde diciembre un plan para que Planeación Nacional autorice las  nuevas encuestas, bajo el entendido de que “hay que resolver lo más rápido los casos relacionados con la salud de las personas”, dijo Mantilla.

Ante los perjuicios recibidos por miles de familias, el personero Alzate cuestiona el papel de los tramitadores. Debido al daño que han causado, el representante del Ministerio Público pide que las autoridades investiguen y judicialicen a esas personas.

“Por ganarse unos pesos, lo que hacen los tramitadores es un delito al falsear la información que se entrega bajo la gravedad de juramento”, insiste el funcionario.